No pararon hasta que consiguieron que nos cobraran un impuesto preventivo, un canon digital que presuponía que éramos culpables de copiar fraudulentamente material de otros, negándonos la presunción de inocencia, uno de los pilares básicos de nuestro estado de derecho. Nos bombardearon con anuncios que nos comparaban con vulgares carteristas, con desalmados arrancadores de bolsos sobre motos ruidosas. Pretendieron convencernos de que copiar una canción o una película era como robar un coche deportivo o un diamante, obviando el hecho de que mientras estos son artículos de lujo, la música y el cine son cultura, y como tal, pilares de nuestra sociedad, de nuestra democracia y de nuestra libertad, a los que todos deberíamos tener pleno y garantizado acceso. Se colaron en bodas como falsos invitados, para filmar inadvertidamente a los novios y presentarles una demanda después por haber bailado “Paquito el Chocolatero” o “Macarena” sin pasar por caja antes. Denunciaron a ayuntamientos de 3.000 habitantes por representar obras de teatro del siglo XVII en la plaza del pueblo una noche de verano sin abonar las tasas correspondientes. Pretendieron cobrar de conciertos benéficos más dinero en derechos de autor de lo que se había recaudado en taquilla. Acribillaron a bares de barrio por encender una tele o poner una radio para entretener a la clientela. Y todo lo hicieron al más puro estilo mafioso, aunque sin necesidad de ametralladora, que para eso el gobierno aprobaba leyes que les hacían el trabajo sucio. Quisieron hacernos creer que eran los adalides de los artistas y creadores. Que defendían sus derechos y sus obras. Y al final va a resultar que no éramos nosotros los deshonestos, ni los ladrones, y que los piratas eran ellos.
