El ejecutivo portugués ha culpado al Tribunal Constitucional
de ese país de crear inestabilidad por considerar contraria a la carta magna la
ley que suprime la paga extraordinaria de verano, que, por otra parte, aclarémoslo, de
extraordinaria no tiene nada, porque no es otra cosa que la catorceava parte del
salario anual. De modo que quitar dicha paga vendría a ser lo mismo que
reducir por ley el salario de los trabajadores en un 7,14% ignorando y dejando sin ningún
valor los contratos y los convenios colectivos firmados con anterioridad a la
promulgación de dicha ley.
Pero lo que más me preocupa de las declaraciones hechas por
el primer ministro portugués es que suponen otra
vuelta de tuerca a la desvergüenza con que los gobernantes europeos están
desmantelando los derechos sociales y la separación de poderes en que se ha cimentado nuestra
sociedad durante las últimas décadas, con la excusa falaz de la crisis como
telón de fondo. Hasta el punto de que ya no son ni los bancos, ni los
políticos corruptos, ni los mercados, ni los especuladores, ni los defraudadores
fiscales, ni las burbujas financieras o inmobiliarias, ni las instituciones malversadoras de fondos, ni el
derroche de las administraciones, ni tan siquiera el poco sentido de la mesura
y el desmadre consumista de los ciudadanos los culpables de nuestra
inestabilidad ¡No! La culpa finalmente resulta ser de la justicia, y más
concretamente de los jueces que, todavía, de momento, gracias a Dios, intentan abrirse
paso para mantenerse independientes a trancas y barrancas.
Que ese tipo de jueces son un verdadero incordio ya lo
comprobó Baltasar Garzón en carne propia. Y no tardará mucho en alzarse alguna voz aquí,
en España, para recriminarle al juez Castro que si la monarquía se tambalea no
es porque el rey cace elefantes en Botsuana mientras nuestro país se desangra
económicamente y aguanta como buenamente puede el pesado lastre que supone tener
casi seis millones de personas sin empleo. No es porque los reales yernos sean
unos inconscientes que dejan a sus hijos de 12 años jugar con escopetas y
pegarse un tiro en el pie, o corruptos que se enriquecen ilícitamente
parapetados bajo fundaciones supuestamente sin ánimo de lucro. Y no es, desde
luego, porque la infanta Cristina, hija del rey y séptima en la línea de
sucesión, aparezca como copropietaria y beneficiaría de esos y otros
chanchullos de su marido. No. La culpa finalmente, ya verán ustedes, será del juez irresponsable que tuvo la osadía de querer imputar a un miembro de la
realeza por cooperación necesaria en malversación de fondos sin considerar
siquiera que con ello podría “desestabilizar” el país.